Se trata de una medida que el Gobierno plantea poner en marcha al comienzo del nuevo año. Por el momento, se está analizando si realmente aportará beneficios para la economía española, y cómo se podrá llevar a cabo para conseguirlos.
Falta un tiempo para que podamos conocer detalladamente la manera en la que se planea realizar la limitación de los beneficios fiscales de los planes de pensiones, ya que es algo que se está estudiando en la propia negociación del proyecto de Presupuestos de cara al 2021.
Cómo se aplicaría el recorte a los beneficios fiscales de los planes de pensiones
No obstante, lo que sí que tenemos claro es que una buena parte del Gobierno se muestra dispuesta a trasladar la actual deducción que se aplica en la base imponible del IRPF a la cuota. El objetivo de esta acción es proporcionar mayor ventaja financiera a las rentas que disponen de un nivel de dinero inferior al resto.
Y es que, a día de hoy, alrededor del 70% del beneficio fiscal se reparte entre un pequeño porcentaje de usuarios que disponen de las rentas más altas, apenas un 10% para ser exactos. Esto deja de lado al resto de usuarios cuyas rentas son altamente inferiores, que son precisamente los que más vulnerables se ven en momentos de crisis como los que estamos pasando actualmente.
En las negociaciones que ya se están llevando a cabo, se plantean más cambios a parte de esta, como por ejemplo realizar modificaciones sobre los tipos reducidos de IVA, concretamente del 4% y del 10%, que suponen un impacto recaudatorio de 16.878 millones de euros. Así como también una exención en el IVA sobre los servicios privados de educación y sanidad, cuyo impacto económico es de 3.457 millones de euros.
Tanto las cuestiones que se están llevando a cabo sobre los planes de pensiones, como sobre los tipos reducidos de IVA, tienen su origen en los informes realizados por la Autoridad Fiscal, y en ellos se pone en duda la eficacia de estos incentivos fiscales para los fines en los que fueron propuestos, entre los que podemos destacar la estimulación del ahorro privado y facilitar el acceso universal tanto a la sanidad pública como a la educación.
Por supuesto, hay expertos que se muestran reticentes a estos cambios, ya que opinan que un IVA del 21% para los profesionales de la sanidad y la educación aumentará el gasto público, la economía sumergida y además ahogara a muchos autónomos.
Por lo tanto, no son momentos para subir impuestos ni gravar con IVA actividades que hasta el momento se encontraban completamente exentas. No podemos permitirnos prescindir de ningún profesional en el ámbito sanitario en las circunstancias tan complejas que nos encontramos con los rebrotes de Covid-19 que se están dando en todo el país.
También nos encontramos con las opiniones de las patronales, que afirman que una medida de este tipo atenta contra el derecho fundamental de los ciudadanos a la libre elección, y tendría como consecuencia directa una destrucción de empresas, y por ende, un aumento en el paro.
