El gobierno ha planteado retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, con lo cual se prevé que se reorganice todo el universo de las pensiones.
Esto significa retrasar dos años el momento del cobro de la jubilación, lo que postergaría su cobro para los 10 millones de personas que cuentan con un plan privado en España.
Esta medida, también invita a extender la cultura de los fondos privados de pensiones más allá de las grandes empresas o de algunos sectores donde se regula por negociación colectiva, para llevarlas a las pymes.
Además, según comento Elena Salgado, habría que analizar la universalidad de esta medida, ya que se trata de una propuesta que puede ser matizada en el sentido de que no todos los trabajos tiene la misma penosidad.
Existen profesiones que por su naturaleza no pueden extender la edad de jubilación, como puede ser el caso de trabajos de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica peligrosa o insalubre, y acusen elevados índices morbilidad o de mortalidad.
En este sentido, el director general de Inverco, considera que se trata de una buena propuesta y es razonable. Afirmo que es indudable que vamos hacia un envejecimiento de la población y que es necesario que se abran debates para recuperar el equilibrio en el sistema público de pensiones.
